La pérdida de peso informativo de la Agencia EFE en las últimas décadas no es una percepción, sino una consecuencia de la falta de recursos económicos y en ocasiones también de rumbo informativo, de escasa cintura ante el cambio de los nuevos tiempos y de una más que discutible política en cuanto a internet y al nuevo periodismo, que es nuevo, pero a veces ni es periodismo.

El problema es de base, de protección de la Agencia ante el partido dominante de turno. Se impone la aprobación de unas reglas de juego para proteger a EFE de presiones externas, pero a pesar de las numerosas proposiciones no de ley, promovidas por los diferentes grupos parlamentarios desde 1985, nunca se ha dado el marco jurídico adecuado para la Agencia. Y ahora, en tiempos de turbulencias, ni se tiene en cuenta esta cuestión capital, simplemente la necesidad de rebajar costes.

La pretensión es mirarse en un buen espejo. La agencia France Presse (AFP) lo es. Tiene un régimen jurídico particular y un estatuto, creado en 1957, que garantiza tanto su independencia como su continuidad, un oasis en tiempos de crisis.

Mientras EFE, con un presupuesto que ronda los cien millones de euros, ha visto reducida año a año la financiación estatal hasta situarse por debajo del cincuenta por ciento del mismo, AFP recibirá en el quinquenio 2009-2014 más de 550 millones de euros. Nada que ver.

Tampoco admite comparación las aportaciones realizadas por las diferentes Comunidades Autónomas a las diferentes Corporaciones de Radiotelevisión que controlan, tratándose de un ámbito geográfico que no tiene nada que ver con la ingente información que maneja y distribuye EFE.

Según datos de 2011, la Generalitat catalana aportó 300 millones de euros a la Corporación Catalana de Medios, Andalucía inyectó 155,7 a sus medios propios, el País Vasco 144,1, Madrid 128, Galicia 121,5, Valencia 121... EFE recibió 48'3, cinco millones menos que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. RTVE percibió 575 millones de euros, el Estado asumió un déficit de 7.500 millones.

Así son las cosas. No es cuestión de destacar estratégicamente qué supone EFE, sino de pensar en que no solo hay que tener en cuenta criterios económicos a la hora de evaluar los intangibles que ofrece la Agencia.

Ahora EFE, una empresa de unos 1.200 empleados, está abocada a reinventarse. Se prevé un déficit de 16 millones de euros al término de este ejercicio, una cantidad muy cercana a la que ha dejado de ingresar progresivamente el Estado a las cuentas de la Agencia en los últimos años.

A falta de ningún plan, sin querer garantizar su independencia mediante la creación de un Estatuto que esté tutelado desde el Parlamento, todo se basa en una cuestión puramente numérica: una rebaja entre el 25 y el 30 por ciento de la 'masa salarial' y una sombra de un ERE.

Los empleados de EFE, una empresa pública con trabajadores que no son funcionarios, perdieron un 14,11 por ciento de poder adquisitivo entre 1997 y 2008; en 2009 se produjo una congelación salarial y en los dos últimos años se han aplicado descuentos en torno al 4 por ciento anual.

Acostumbrados a ofrecer todo tipo de noticias ajenas, en la redacción nos preparamos por una vez para ser tristes protagonistas. Veremos cuál será la magnitud de la tragedia.